Fortalecimiento de la igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres

El 15 de enero de 2026 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de múltiples ordenamientos legales, con el objetivo de fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, garantizar una vida libre de violencia y ampliar derechos sociales, laborales, educativos, culturales y de salud.

Uno de los cambios centrales es la modificación de la denominación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que ahora pasa a llamarse Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, reforzando el enfoque no solo en la igualdad formal, sino en la eliminación de las brechas estructurales que históricamente han afectado a las mujeres.

El decreto promueve el empoderamiento de las mujeres, la paridad de género y la erradicación de toda forma de discriminación basada en el sexo o el género, en el ámbito público y en el privado. Establece mecanismos de coordinación interinstitucional, obligaciones concretas para autoridades y empleadores, la eliminación de la brecha salarial de género, la asignación presupuestal obligatoria y la implementación de medidas afirmativas que garanticen la participación igualitaria de mujeres y hombres.

En materia laboral, uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de nuevas obligaciones para los empleadores, particularmente la de capacitar a todo su personal para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo, con el fin de garantizar entornos laborales seguros, libres de discriminación y de cualquier tipo de agresión.

Esta obligación implica que las empresas deberán diseñar e implementar programas de capacitación orientados a sensibilizar sobre igualdad de género, prevención de la violencia, discriminación, hostigamiento y acoso, así como a fomentar una cultura organizacional basada en el respeto a los derechos humanos. También será necesario documentar dichas capacitaciones y generar mecanismos internos que permitan prevenir, detectar y atender oportunamente cualquier conducta que atente contra la dignidad de las mujeres.

De manera complementaria, se reformaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo para establecer que las normas laborales deberán propiciar el trabajo digno en un entorno libre de violencia y discriminación, con pleno respeto a los derechos humanos, en armonía con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.

Por qué importa

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública 2025 del INEGI, la inseguridad es la principal preocupación del 64.20% de la población, y el 25.8% de las personas considera que los centros de trabajo son espacios inseguros. Análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan que 3 de cada 10 mujeres han enfrentado violencia laboral a lo largo de su vida, siendo la desigualdad de oportunidades para ascender y recibir un pago igualitario una de las formas más frecuentes.

Pese a que la normativa prohíbe la discriminación y fomenta el empleo digno, en la práctica muchas empresas aún no han adoptado medidas ni protocolos internos suficientes, y la cultura de denuncia es limitada: se estima que solo el 8% de las víctimas ha denunciado o solicitado ayuda. Se exhorta a las empresas a implementar acciones y protocolos internos para prevenir y erradicar la violencia, lo que además reduce riesgos legales, fortalece el clima laboral y promueve entornos de trabajo más justos, inclusivos y estables.